España no hizo los deberes y ¡se armó la gorda!

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Colas en el aeropuerto de El Prat.   Foto- El Pais

No hay manera. En España no aprendemos. ¿Nadie se ha dado cuenta de lo que está en juego al cronificar la estampa de nuestros aeropuertos colapsados verano sí, verano también? ¿De verdad?

Hace más de un mes que la normalidad brilla por su ausencia en El Prat. Día a día se suceden de manera inevitable grandes colas, con horas de tiempo de espera en controles de pasaportes y filtros de seguridad. Imágenes que han copado portadas y noticias en todos los informativos. El aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez tampoco se escapa.

Desde el pasado 7 de abril, entrar y salir del espacio Schengen implica someterse a un nuevo control de pasaportes. Ésta forma parte de la batería de medidas antiterroristas que se han puesto en marcha en distintos países europeos con la intención de intensificar los controles de las fronteras de la Unión Europea.

La UE no ha dejado de aplicar medidas de refuerzo de la seguridad preventiva en las infraestructuras de transporte, algunas de ellas dirigidas expresamente a aeropuertos y transporte aéreo. Medidas que se debaten, se aprueban y cuya aplicación se planifica. Por tanto, no estamos ante una situación sobrevenida, más bien todo lo contrario. De hecho, la Comisión Europea presentó esta reforma a finales de 2015, poco después de los atentados sufridos por la ciudad de París. Sin embargo, España ha sido el único de los 26 países afectados dónde la nueva regulación ha ocasionado un tsunami de críticas.

En España, a través del Programa Nacional de Seguridad aeroportuaria (PNS) se establece la organización y los procedimientos para asegurar la protección de pasajeros, tripulación, aeronaves y las propias instalaciones del aeropuerto, además de preservar la regularidad y eficiencia del tránsito aéreo. Debe hacerse de manera coordinada entre el Ministerio de Interior, Fomento y AENA.

El PNS es objeto de continua actualización para atender a los niveles de amenaza contra los objetivos existentes en cada momento, tanto en el territorio y espacio aéreo, como en su entorno geopolítico. La entrada en vigor de su última actualización fue el pasado 1 de marzo, justo un mes antes de la entrada en vigor de la normativa de control de pasaportes. A pesar de que no determina el endurecimiento de las medidas policiales y fronterizas, sí que debería haber servido como instrumento para prever y organizar la aplicación de medidas. Sin embargo, los hechos prueban que no fue así.

La tesitura en la que nos encontramos, es indudablemente fruto de una crisis de (no) gestión política. La máxima expresión de la incompetencia de un ejecutivo que no ha sido capaz de planificar con todos los agentes implicados la implementación de la nueva medida. Nadie previó aumentar los efectivos personales o telemáticos para los controles. Si España hubiese hecho los deberes a tiempo, este caos era perfectamente evitable.

Aunque tarde, parece que las medidas empiezan a llegar. Esta semana, el delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, anunció que, para reducir las colas, este verano El Prat contará con el doble de máquinas de verificación de pasaportes y sumará 144 agentes de policía. Es una buena noticia que todos los agentes implicados estén por fin trabajando de forma conjunta para resolver una situación que no favorece a nadie. Esperemos que la comisión de seguimiento creada para tal fin y las medidas prometidas sean el inicio del fin de una situación estrambótica que no debería haberse producido. Deberemos estar a la expectativa para ver si estas medidas son efectivas o no.

El pasado verano El Prat se vio afectado por el colapso de la compañía Vueling, responsable última de lo sucedido. Desde Fomento y el ejecutivo catalán se exigió a la aerolínea la presentación de un plan de contingencia y la resolución prácticamente inmediata de la situación. Alegando, en primer término, la afectación a la operativa normal del aeropuerto y, en segundo, a los perjuicios ocasionados a los pasajeros y la imagen de descontrol proyectada en el exterior. Sin embargo, en este caso, la urgencia por la resolución parece ser relativa. Los perjuicios a los pasajeros pasan a ser “esperas de confort” que deberán ir asumiendo como inevitables y nadie repara en la imagen que proyectamos. No estaría de más que, una vez regularizada la situación, la comisión de seguimiento estudiara la forma de compensar a aquellos pasajeros que perdieron sus vuelos por culpa de las colas sin que les asistiera ningún derecho de compensación, por no ser aplicable el Reglamento CE 261/2004 de compensación a pasajeros porque se trata de algo totalmente ajeno a la operativa de las compañías aéreas.

El Ministerio del Interior y AENA a lo máximo que han atinado ha sido a poner parches, medidas de urgencia a golpe de improvisación que ni son suficientes, ni son aceptables, ni resuelven el problema. Las soluciones para desatascar el caos ya no llegan a tiempo. Mientras tanto, las colas siguen, las quejas de los usuarios también y el verano se va acercando. Una falta de coordinación que no hace más que agravar una bochornosa realidad que ya está durando demasiado.

Las situaciones de crisis encadenadas en nuestros aeropuertos verano sí, verano también no hacen más que destruir nuestra reputación como excelente receptor de viajeros. Cabe no olvidar que tanto el turismo como el transporte aéreo son sectores estratégicos en la economía de nuestro país, no sólo por su importante contribución al PIB sino también como generador de empleo.

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