Informe Yak-42: un país de vergüenza

Hace trece años que el vuelo 4230 de UM Airlines (Yak-42) se estrelló en el monte Pilav, en Turquía. Aquel accidente acabó con la vida de 75 personas, de las cuales 62 eran militares españoles que regresaban de Afganistán a Zaragoza. Este accidente, que está considerado como la peor tragedia del Ejército español de toda su historia en tiempos de paz, ha vuelto a protagonizar y zozobrar la actualidad política y aérea, a raíz de la publicación de un informe del Consejo de Estado, que responsabiliza al Ministerio de Defensa del accidente del Yak-42.

En aquellos momentos de confusión y dramatismo, el entonces Ministro de Defensa, Federico Trillo, no sólo no admitió ningún error procedimental, sino que señaló directamente a causas humanas al dramático desenlace del Yak-42. Como algunos medios no han tardado en recordar, Trillo compareció ante las cámaras para asegurar que “el Yak-42 era el mejor avión que se podía contratar”, aunque el historial de esa aeronave acumulaba 7 accidentes previos y más de 500 víctimas.

federico-trillo

Federico Trillo, actual embajador de España en Londres, aseguró que el accidente se produjo por un error humano.

Todo el ejecutivo, incluido el jefe del gobierno, reforzaron públicamente las tesis del ministro. El presidente del gobierno, José María Aznar, afirmó que “las máquinas pueden fallar y los pilotos se pueden equivocar. Después, que las máquinas fallen y los pilotos se equivoquen no devuelve la vida nadie”.

No obstante, la realidad que arroja el informe del Consejo de Estado es otra muy diferente. La institución admite que los cadáveres fueron identificados de manera fraudulenta. Asimismo, el informe técnico de investigación del accidente reveló que, la misma caja negra a la que Trillo apelaba para convencernos de que el accidente había sido fruto de un error humano, no funcionaba en el momento en el que el avión despegó de Kirguistán. Este hecho es, de manera aislada, motivo suficiente para que un avión no despegue. El documento del Consejo de Estado, filtrado por Infolibre, también destaca el gran número de subcontrataciones que el ministerio realizó que, aunque son legales, pueden ser cuestionables desde el punto de vista ético. El estado paga 149.000€ por un vuelo y la empresa operadora recibe un pago de 38.000€. El diferencial se pierde en las subcontratas.

La opacidad de un cuerpo

Los términos en los que la opinión pública ha podido conocer los pormenores del siniestro ponen de manifiesto la opacidad y poca transparencia con la que se tratan los accidentes aéreos en el ejército español. Si este informe ha visto la luz ha sido gracias al incansable trabajo de los familiares de las víctimas quienes han luchado durante todo este tiempo para esclarecer lo sucedido y exigir justicia. Los medios, por su parte, merecen todo el reconocimiento posible por su búsqueda constante de la verdad.

Resulta difícil de entender porque el cuerpo militar, que debe ser el primero en honrar la memoria y velar por la integridad de todos los que forman parte de él, no actúe de manera honesta, profesional y leal a la sociedad y bandera a la que se debe. Su código ético debe ser tan supremo e intachable como lo es en los países avanzados y de sólida tradición democrática. Los tiempos cambian y tal vez sea la hora de poner en marcha una segunda transición en el cuerpo militar, que dé lugar a cambios basados en el progreso, la transparencia y la responsabilidad.

La vergüenza de un país

No hay nada más doloroso para el familiar o amigo de uno de los militares fallecidos que saber que ese accidente podría haberse evitado. Según el informe, existían advertencias y evidencias más que suficientes que hubiesen justificado la no contratación de dicha aeronave. El gobierno de Aznar no  sólo no hizo lo necesario para garantizar la seguridad de las tropas, sino que tampoco reaccionó ante los avisos que alertaban de los riesgos en los traslados. Se ha demostrado como algunos militares que habían viajado en el avión siniestrado habían puesto en conocimiento de sus superiores los riesgos que comportaba seguir transportando personas en esas condiciones. Y, tanto es así, que el Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército (CISED) manifestó también su reprobación a la contratación de aviones de carga para el transporte de personas máxime cuando éstos tenían como estado de origen países que integraban la antigua Unión Soviética y cuyo mantenimiento de las aeronaves era dudoso.

El informe del Consejo de Estado forma parte de los numerosos episodios vergonzosos y lamentables de la historia española. El accidente del Alvia a su paso por Angrois, el metro de Valencia o el vuelo JK5022 de Spanair con destino a las Canarias son algunos de los ejemplos de tragedias que deberían sonrojar hasta la dimisión a algunos de nuestros representantes políticos. ¿Nunca aprenderemos de nuestros errores? Parece ser que en España no queremos conocer la historia porque no nos preocupa repetir sus errores. El gobierno, independientemente del color de su ideología, debe evitar a toda costa cometer los mismos errores para evitar que otra tragedia idéntica se repita en el futuro. Una vez más, en el caso del Yak-42, los dirigentes se afanan en dar carpetazo rápido al asunto para esconder, tapar o no dilucidar las verdaderas causas de lo sucedido. Su respeto a las víctimas es nulo y su compromiso con la integridad es mínimo.

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Modernizar el ejército: asunto pendiente del gobierno.

Cabe destacar que el ministro de defensa socialista, José Bono, introdujo algunas mejoras relacionadas con la seguridad militar al exigirse que las aeronaves militares, tal y como sucede con las civiles, dispongan de certificado de aeronavegabilidad. Este cambio implicó que numerosos aviones quedasen inmovilizados. Puede imaginarse el lector en qué condiciones se encontrarían.

A pesar de que esta medida supuso reducir la posible mortandad de los militares, el contenido del informe de la tragedia del Yak-42 debe servir para aprender del pasado y no caer en los mismos errores. Algunos de los aspectos en los que merece la pena un esfuerzo político y legislativo son en la mejora de las condiciones laborales de los militares, de los instrumentos que utilizan y de la aplicación de la seguridad operacional. El estado de los aviones mata, sí; pero también lo hace la fatiga o las largas jornadas de trabajo que dejan al militar sin capacidad de reacción. Como Aznar decía, la política no puede devolver vidas, efectivamente, pero la voluntad política puede evitar que se pierdan.

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